por el suelo compartido y las cosas comunes

La presidenta de Castilla-La Mancha ha anunciado otro paquete de recortes, dentro de esta suicida política de austeridad dictada por el fundamentalismo neoliberal europeo, que incluye la privatización de la gestión de varios hospitales de la comunidad. Ella llama a eso «colaboración público-privada» porque las palabras y la desfachatez lo aguantan casi todo. Ha añadido que se trata de hospitales «poco viables o poco sostenibles», como para rebajar el efecto de la medida. Me inquieta el argumento y me asaltan un montón de preguntas, que nada tienen que ver con apriorismos ideológicos como gusta decir a la derecha (como si ellos hicieran lo que hacen desde una ausencia de ideología): ¿qué interés puede tener el capital privado en gestionar hospitales de «escasa viabilidad»? Tendremos que asumir como punto de partida -un punto de partida absolutamente empírico y carente de prejucios ideológicos- que si el capital privado entra «a colaborar» en el sector sanitario público será porque hay alguna perspectiva de beneficio económico o ¿existe algún otro motor que ponga en movimiento a la iniciativa privada? Y ¿cómo puede ser que exista perspectiva de beneficio económico en «hospitales de escasa viabilidad»? Se me ocurren varias vías, pero todas ellas violan los principios fundacionales y legales del Sistema Nacional de Salud vigente en nuestro país. O bien se otorga la concesión de la gestión de esos hospitales a un «precio» absolutamente sobreestimado y mayor que lo que hoy le cuestan al sector público, lo que constituiría una subvención encubierta al sector privado y un fraude o las alternativas que le quedan al capital privado son: 1) disminuir costes de personal (vía reducción del mismo, via reducción salarial, en cualquier caso sobre-explotación de la fuerza de trabajo); 2) reducción de calidad de los servicios o del material sanitario. Hay una tercera, consistente en que la Administración sanitaria les autorice a dejar de atender a la población que territorialmente les corresponda y puedan realizar «selección de pacientes», es decir, atender aquellas patologías y/o aquellos pacientes rentables desde el punto de vista económico (jóvenes, patologías quirúrgicas de alta precoz,…). Todas ellas, un fraude con los principios de un SNS universal, equitativo, corrector de desigualdades territoriales,… elementos recogidos en la Ley General de Sanidad de 1986, todavía vigente. Y no sirve como argumento -demagógico y populista- que los pacientes «no se darán cuenta de nada» cuando usen el hospital: los atentados a los principios no quedan absueltos por la falta de conciencia de los que serán víctimas de estas medidas, víctimas colectivas y a largo plazo.